Sostenedor de los Colegios Alicante y Alcántara de La Florida despidió cerca de 100 funcionarios para no darles vacaciones y otros beneficios

El cambio legal le otorga a estos trabajadores más vacaciones, entre otros beneficios. Pero agrupación de establecimientos advierte que no habría suficientes recursos para costearlo.

No fue un buen fin de año para cerca de 100 trabajadores de la red de colegios particulares subvencionados Alicante. Ellos trabajaban como auxiliares en cuatro colegios, en labores como aseo y portería, y el lunes, horas antes de Año Nuevo, fueron despedidos.Melvin Velásquez es presidente del sindicato del colegio de Puente Alto, y cuenta que el sostenedor les argumentó que debía externalizar esos servicios, debido a que una ley interpretativa, aprobada hace dos semanas, les dio la categoría de asistentes de la educación, por lo que tendrían los mismos beneficios que los trabajadores de aula, entre ellos, el derecho a vacaciones. Y lo usual es que ellos trabajen en enero y febrero, por ejemplo, refaccionando los colegios.

“El empleador nos dijo que era un tema económico, porque la ley les subirá los costos. Pero esta ley es un acto de justicia, porque iguala las condiciones de los trabajadores. No es atendible el argumento económico, porque un colegio puede cerrar en enero y febrero. Esto no les iba a significar un costo”, afirma.

El sostenedor de los colegios, David Gottlieb, fue contactado por La Tercera, pero no quiso hablar de los despidos. En tanto, un grupo de apoderados iba a protestar esta mañana por la medida del sostenedor.

Pero entre las organizaciones de colegios dicen que hay preocupación por el efecto que tenga la ley. Guido Crino, presidente de la Federación de Instituciones de Educación Particular (FIDE), valora que se les conceda beneficios a los trabajadores, pero dice que la ley recientemente aprobada no incluye recursos para financiar estos cambios.

“Con esta ley, se incrementan el número de semanas de vacaciones. De tres, como lo establece el Código del Trabajo, el próximo año serán 11, entre enero, febrero y las vacaciones de invierno”, ejemplifica Crino, quien advierte que a algunos establecimientos no les quedará otra opción que contratar personal externo.

Además, cuenta que para los colegios particulares subvencionados es difícil asumir esa carga, ya que reciben $642 mil millones menos que los establecimientos municipales, donde la norma también rige.

Pero Eduardo Cisternas, vocero de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Particular Subvencionada (Conatepas), afirma que los sostenedores “querrán externalizar los servicios porque quizás les sale más barato”, yendo contra una ley que incluso les obliga a “tener infraestructura digna para la colación”.

En todo caso, la ley todavía no es una realidad. Hasta el lunes, no había sido promulgada, pese a que se requería con urgencia para que los asistentes accedan a sus vacaciones en enero.

De hecho, la senadora Yasna Provoste (DC), autora de la ley interpretativa, hizo un llamado a promulgar la propuesta, “que fue aprobada de forma unánime en la Cámara y en el Senado. Este Gobierno vulnera los derechos de los trabajadores y se pone del lado de los empresarios de la educación”.

latercera.com

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