La Florida y La Pintana tienen sus Planes Comunales de Seguridad Pública vencidos

Durante los últimos días, ha crecido la controversia en torno a un Consolidado de Información Circularizada (CIC) de la Contraloría General de la República, que reveló que 312 municipalidades del país no han cumplido con su rol de remitir a la Subsecretaría de Prevención del Delito, la documentación relacionada con sus Planes Comunales de Seguridad Pública y las sesiones del Consejo Comunal de Seguridad Pública, entre 2024 y 2025.

¿Qué quiere decir lo anterior? Que el 90% de los municipios investigados no han cumplido con la ley municipal 18.695, que establece que se deben enviar a esa subsecretaría las actas de todas las sesiones del consejo. Así, se replica el escenario sobre los planes comunales de seguridad, que deben ser actualizados durante su vigencia.

En el desglose, 110 municipios están en categoría “Urgente” por alto riesgo socio-delictual, pese a que la ley exige planes y coordinación para mejorar la seguridad y calidad de vida comunal.

Entre ellos, destacan Alto Bío Bío, Ercilla, General Lagos, Independencia, La Florida, La Pintana, Lonquimay, Puerto Montt, Nueva Imperial, Mulchén, Pucón, Purén, Talagante y Tirúa.

De acuerdo al informe, hasta febrero pasado, 24 municipios tenían sus Planes de Seguridad vencidos y 40 no los habían enviado, incumpliendo la norma. Entre los 110 casos “Urgentes”, seis tienen planes caducados, incluyendo La Florida, la novena comuna con mayor riesgo socio-delictual del país.

La Moneda critica incumplimiento de municipios

Frente a esta situación, el Gobierno salió a reprochar a los municipios que han incumplido con esta norma, asegurando que “afecta” a la estrategia de seguridad. De hecho, indicaron que lo revelado por Contraloría reflejaría la falta de coherencia entre “el discurso y la gestión”.

Así, desde Palacio manifestaron que, en el contexto de la discusión de la Ley de Seguridad Municipal, que se encuentra en el Congreso, debe existir coherencia.

“No basta solo con solicitar, ya que se deben ocupar las herramientas que uno tiene para poder gestionar de manera adecuada”, plantean.

En ese sentido, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, sostuvo que cuando se está impulsando la ley de seguridad municipal, y se reclaman atribuciones, se deben también cumplir con las obligaciones que la ley exige.

La controversia

En medio de este escenario, La Radio se contactó con la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) y con la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM).

Desde la primera, señalaron que los consejos de seguridad municipales se tratan de “un trámite administrativo que viene desde el gobierno central, que nunca fue dialogado, ni se incorporó en los procesos de desarrollo a los municipios”.

Así lo planteó José Manuel Palacios, alcalde de La Reina y presidente de la AMUCH, quien, además, indicó que “en estricto rigor, no es un instrumento que nos permita mejorar la gestión en materia de seguridad. Simplemente nos permite coordinarnos, pero de forma de manera no muy estructural”.

En la misma línea, agregó que “lo que nosotros necesitamos son otros tipos de instrumentos, de mecanismos municipales que se ajusten más a la realidad de cada uno de los territorios. No todos los municipios tienen los mismos problemas, tienen las mismas características”.

 En tanto, Juan Pablo Olave, vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, apuntó a la falta de recursos.

Pero, en el Parlamento hicieron eco de los dichos de Cordero, considerando que, en los últimos meses, se ha intensificado la arremetida municipal para aumentar sus atribuciones en materia de seguridad.

Al respecto se refirió la diputada y presidenta de la comisión de Seguridad, Gloria Naveillán, y el diputado Jaime Araya (IND-PPD), quienes apuntaron a que los municipios “tienen que poner de su parte” y que “se hagan cargo de hacer la tarea básica”.

Por otra parte, en conversación con La Radio, los exsubsecretarios del Interior, Juan Francisco Galli y Felipe Harboe, destacaron el hallazgo de Contraloría.

En tanto, la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, planteó que manda todos los años a los municipios una circular recordando que deben tener los planes actualizados.

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