Diputadas Gazmuri y Serrano presentan recurso para evitar desalojo de más de 400 familias en Puente Alto

Con el objetivo de evitar una orden de desalojo programada para el 1 de marzo que enfrentan los campamentos “Nueva Cordillera”, “La Ballena” y “El Pino”, de Puente Alto; las diputadas del distrito 12 Ana María Gazmuri y Daniela Serrano, presentaron un “téngase presente” ante la Corte de Apelaciones de San Miguel.

En el escrito, las parlamentarias solicitan que “se suspenda, mediante Orden de no innovar, el lanzamiento, con fuerza pública fijado para el día 1° de marzo del presente año, por un lapso no inferior a 120 días, plazo necesario para concretar la compra de los terrenos a los recurrentes, validar sistemas sociales de los pobladores y traspasar los dineros de aporte poblacional, municipal y estatal a Serviu, que en definitiva será quien celebrará el contrato definitivo para la compra del predio en cuestión.”

Al respecto, la diputada Ana María Gazmuri lamentó que la Corte de Apelaciones ratificara la orden de desalojo “pese a que el 12 de febrero el Serviu Metropolitano y la Municipalidad de Puente Alto firmaron un Convenio de Colaboración para la Transferencia de Recursos, cuyo objetivo es concretar la promesa de compraventa con los dueños de los terrenos. Este convenio, con un cronograma en desarrollo, no puede considerarse incumplido.”

Por su parte, la diputada Daniela Serrano sostuvo que “las familias del campamento Nueva Cordillera, La Ballena, El Pino han demostrado toda su disposición para regularizar su situación y efectuar la compra de este terreno. Hacemos un llamado a encontrar una alternativa para poder concretar la compra de estos terrenos, entendiendo que en estos terrenos se alojan más de 300 familias. Estamos hablando de una situación de familias que tienen niños, niñas, personas también en situación de cuidado y en los cuales nosotros creemos que sin una medida efectiva donde puedan encontrar una solución habitacional es muy difícil seguir manteniendo una situación de desalojo. Es por lo mismo entonces que si estamos buscando la alternativa es que los pobladores y pobladoras se queden en ese terreno y por tanto también poder comprar a quienes hoy día son los propietarios.”

“Instamos al Ministerio de Vivienda y de Justicia que se hagan parte de este proceso. Sumarnos a esta acción es una forma de reafirmar nuestro compromiso con la vivienda digna, como un derecho inalienable, que no dependa de la especulación ni las distorciones del mercado financiero”, concluyó Gazmuri.