El alcalde de La Florida, Daniel Reyes, confirmó que el desalojo total del campamento denominado toma Dignidad se llevará a cabo antes del 28 de febrero. Esta determinación responde al riesgo inminente de aluvión que afecta a la ribera norte de la Quebrada de Macul, zona que ha sido declarada formalmente como inhabitable por las autoridades técnicas. El operativo se ejecutará bajo una planificación que involucra a la Delegación Presidencial Metropolitana junto a equipos de Carabineros, la PDI y el Serviu Metropolitano, dando continuidad al despeje que se inició con la remoción de un tercio de las viviendas en octubre pasado.
La medida administrativa se sustenta en un decreto alcaldicio publicado en el Diario Oficial, el cual ratifica que el asentamiento se encuentra en un área de alta peligrosidad que pone en peligro la vida de sus ocupantes. Según el jefe comunal, la intervención busca ejercer el Estado de derecho con responsabilidad, priorizando la seguridad de las personas y el ordenamiento del territorio comunal. Reyes enfatizó que, si bien se comprende el déficit habitacional, el acceso a una vivienda debe realizarse a través de los instrumentos formales que ofrece la institucionalidad vigente.
En los meses previos a esta fase final, el municipio desplegó un trabajo social y sanitario que incluyó orientación para la obtención de subsidios estatales e informes sociales detallados por cada núcleo familiar. De manera inédita, se integró un operativo veterinario para gestionar la reubicación responsable de las mascotas del campamento. El proceso ha sido informado con antelación a los residentes, buscando que la salida de las familias se produzca en un marco de orden y acompañamiento integral por parte de las diversas direcciones municipales involucradas.
Como parte de los preparativos para el cierre definitivo de la toma, la semana pasada se realizó un control migratorio preventivo en el que se fiscalizó a más de una treintena de personas. Como resultado de esta fiscalización, las autoridades denunciaron a siete ciudadanos por encontrarse en situación irregular y notificaron una orden de expulsión administrativa. Estos antecedentes se suman a las acciones legales y operativas que buscan asegurar que el terreno de la Quebrada de Macul quede completamente despejado y sin presencia de construcciones precarias antes del plazo establecido. (NP-Gemini-Emol)
