Hemos recuperado un inmueble, ubicado en Froilán Roa 6390, que el Alcalde de La Florida puso en peligro de destrucción, como ha sucedido con otros que lamentablemente han sido vendidos por esta administración. Se trata del espacio que albergó momentáneamente al CRS, luego al CESFAM Bellavista y que, en la actualidad, es ocupado como sede por el Hospital Eloísa Díaz, con atención de 3500 pacientes mensuales, puesto que las instalaciones del hospital concesionado han resultado insuficientes frente a las crecientes necesidades. También en ese recinto se ubica una de las estaciones de la red metropolitana de ambulancias, SAMU.
Este espacio fue cedido a la municipalidad por los vecinos de VIlla Perú, con fines deportivos, cuando inauguraron su villa. En dictadura y sin consultar a la población fue traspasado a la DIGEDER, pero sin que en ese lugar se hicieran mejoras en el ámbito deportivo. Más tarde cuando se inició la construcción del Hospital de La Florida, se trasladó el CRS a esas canchas, autorizado por el Instituto Nacional del Deporte, su actual dueño, y desde entonces ha sido usado para fines de salud.
El 25 de junio del 2021 el Alcalde convocó a los concejales a un concejo extraordinario en línea, que se realizaría el día siguiente, sábado, porque el lunes de la semana próxima asumiría el nuevo concejo, en donde cambiaría su composición con una mayoría progresista y defensora del patrimonio público. En la citación se hacía referencia al artículo 34 de la Ley Orgánica de Municipalidades, en el cual se señalan las formas en que los municipios pueden enajenar y luego vender patrimonios propios.
Ese sábado 26 se movilizaron los trabajadores del Hospital, los usuarios, los vecinos de la Villa Perú, los concejales electos y parlamentarios. Todos nos ubicamos en el frontis del espacio y desde ahí, en mi intervención, manifesté que esta votación era irregular y que independiente de que se aprobara en esa sesión de concejo el inmueble no se podría enajenar, porque los nuevos concejales junto a las comunidades lo defenderíamos.
Los concejales Orlando Vidal, Felipe Mancilla, Veronica Fuller, Alejandra Parra, Gonzalo Santamaria, y Chantal Barreaux terminaron su periodo permitiendo la enajenación, aún cuando las comunidades manifestaban su oposición y otros cuatro concejales les demostrábamos que no existía una necesidad manifiesta que justificara esa decisión, por lo cual el proceso administrativo no cumplía con el mínimo legal.
El lunes 28, siete de los diez concejales asumimos un nuevo periodo con la consigna “El Patrimonio no se vende, se defiende”, y comenzamos a realizar los trámites correspondientes para revocar la decisión de enajenación por parte del municipio. El IND me responde a una de mis consultas que “el acto administrativo no se ajustaba a derecho.”
Con esos antecedentes los siete concejales, siendo mayoría en el concejo, nos autoconvocamos a una sesión extraordinaria para revocar la posibilidad de enajenación y permuta del inmueble, pues el acto administrativo que se realizó apresuradamente antes de que asumiera el nuevo Concejo, no se ajustó a derecho, según lo indicó la Contraloría General.
Esa sesión, en la cual estuvo ausente el Alcalde y dos de los concejales de su coalición, no fue transmitida en directo por los equipos de comunicaciones del Municipio, pues nos señalaron que estaban ocupados en otras funciones. Con nuestros celulares los concejales lo transmitimos, y recién, pasadas las 20 horas se publicó, como un último intento de esconder lo sucedido.
En la instancia el Director Jurídico intentó, por instrucción expresa del administrador municipal que se encontraba ahí presente, de leer un largo documento. Nosotros lo interpretamos como una forma de ocupar el tiempo para disminuir los minutos destinados a la discusión. Nos cortaron los micrófonos, desde la administración nos interrumpieron algunas veces, pero nada impidió que la sesión autoconvocada se llevara a efecto y que el Director Jurídico reconociera que “el municipio seguía insistiendo al IND para que realizara la permuta, aún cuando la Contraloría había señalado irregularidades.”
Semanas más tarde sostuvimos reuniones con los equipos de salud y con el Director del Hospital Eloísa Díaz, quien nos señaló no tener toda la información que a nosotros nos habían traspasado desde la alcaldía en esas sesiones de concejo.
El pasado 15 de marzo, al comenzar la sesión de concejo N°21, fuimos sorprendidos con un anuncio: La Municipalidad de La Florida se ve en la obligación de renunciar a la permuta con el IND, pues el proceso no había sido reconocido por la Contraloría, pese a los esfuerzos de la Dirección Jurídica Municipal y de las conversaciones de los asesores de Cárter con los equipos del IND del gobierno de Piñera.
Demostramos que el proceso administrativo desde un principio estaba viciado y los aplausos espontáneos se escucharon en la sala.
