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Consejo de Defensa del Estado se querelló por eventual malversación en La Florida

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El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella por el eventual delito de malversación de caudales públicos en la Municipalidad de La Florida entre los años 2016 y 2017, tras una auditoría realizada por la Contraloría General de la República.

LAVEGUITADELVINO

Una querella contra quienes resulten responsables presentó el CDE el pasado 21 de octubre, lo que fue declarado admisible por el 14° Juzgado de Garantía de Santiago al día siguiente, de acuerdo a lo consignado por El Mercurio, situación que deriva de una causa judicial presentada en 2018 y por la cual la Fiscalía decidió no perseverar en la investigación.

En detalle, según la querella, la Contraloría realizó una auditoría tras una revisión efectuada a la Corporación Municipal de La Florida (Comudef) en el período comprendido entre enero del 2016 y junio del 2017, específicamente al control financiero de dicha entidad y los «recursos transferidos por aporte municipal y fondos externas provenientes de los ministerios de Educación y Salud», lo que arrojó que los aportes municipales no fueron ingresados a las cuentas corrientes creadas para ese fin

Los montos ascienden a un total de 735.050.000 millones de pesos, y 2.223.994.792 millones de pesos para los Fondos de Apoyo para la Educación Pública (FAEP). En la querella, el CDE indicó que en la auditoría de la Contraloría se concluyó «la imposibilidad de detectar el destino de los fondos que no fueron utilizados para cubrir los egresos en los ejercicios de los años 2015 al 2017, los que presentaron déficit financiero y presupuestario».

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«Estos hechos claramente incongruentes dan cuenta de la sustracción o distracción de una gran cantidad de recursos, circunstancia que también aparece evidenciada en el peritaje particular presentado por la propia defensa del alcalde (de La Florida, Rodolfo) Carter, elaborado por auditores y consultores de la empresas ‘Deloitte’, documento que expresamente reconoce un faltante de a lo menos $8.356.960.286«, agrega el texto. 

De esta manera, el CDE consideró que los aportes municipales «no fueron depositados en las cuentas corrientes especialmente habilitadas para ello y, por otra, que los fondos se percibieron y contabilizaron en otras cuentas», concluyeron que «la Contraloría estableció un faltante de $20.026.931.838«. 

La causa se inició en 2018, cuando cuatro concejales de oposición -Claudio Arredondo, Nicolás Hurtado, Nicanor Herrera y Marcela Abedrapo- presentaron una querella contra Carter, por presunta malversación de fondos, apropiación indebida y fraude al fisco, hecho por el cual se solicitó la reapertura y realización de nuevas diligencias.

El abogado de los concejales, Santiago Trincado, sostuvo que «la importancia de esta querella es que antes estábamos solos en esta persecución penal, pero ahora el CDE, luego de revisar los antecedentes, toma una decisión en que se demoró tres años, para poder decir que acá eventualmente hay un delito, lo que es un espaldarazo al trabajo que hemos hecho como querellantes».

VERSIÓN DEL MUNICIPIO

Jaime Winter, el representante legal de la Corporación Municipal de La Florida, valoró en El Mercurio el interés del CDE en la investigación, sin embargo, indicó que «lo que sorprende» es que el organismo haya presentado esta acción judicial «con los antecedentes que estaban a disposición en 2017 y no haya considerado todo lo que se ha ido aclarando en la investigación en los últimos años». 

Además, agrega que no se consideró un informe que da cuenta que la deuda de la corporación no es de 20 mil millones de pesos, sino que es de 8.000 millones y que no corresponde al período auditado, y que es justamente una deuda y no «fondos faltantes»; como tampoco se consideró -agrega- que los «problemas contables» de la corporación «ya fueron subsanados ante la propia Contraloría y que, incluso, uno de los aspectos de investigación, correspondiente al pago de cotizaciones, ya fue sobreseído definitivamente por el tribunal».

Además, explica que un informe de la PDI en que solicitan más antecedentes, el Ministerio Público, a través de un peritaje interno, revisó hasta el último detalle de las cuentas de la corporación, «descartando que los fondos se hayan desviado de cualquier manera y, por tanto, descartando que haya delito alguno», concluyó.

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