La labor del Estado solidaria y subsidiaria, es establecer mínimos sociales para todos los ciudadanos que componen la comunidad. Esta exigencia moral, ética y social, la puede llevar a cabo desde diversas aristas y perspectivas. Entre los mínimos sociales se encuentran diversos ámbitos, como la salud, las pensiones, la educación y la vivienda. Todos estos elementos son esenciales y partes integrantes del bien común. De ahí que, por ser partes del bien común, sea tarea del Estado asegurar su acceso y disfrute a los habitantes de nuestro país.
La principal palabra de este proyecto de resolución es “dignidad”. Cuya palabra, actualmente muy vigente debido a las demandas sociales emergentes, significa, en términos sencillos, que todos debemos ser tratados según lo que somos. Todos somos seres humanos, es decir, tenemos un valor inconmensurable y debemos ser tratados y reconocidos de acuerdo con ese valor. Bajo la idea de la dignidad subyace la tesis de que las personas somos fines en sí mismos, que jamás debemos ser tratados como meros medios para conseguir otras cosas. A su vez, la dignidad implica rechazar conductas que la aniquilan, como la violencia o tortura.
En el caso de las viviendas, se supone que las personas no necesitan meramente un “techo”, sino que requieren un “hogar”. Un hogar no es únicamente un refugio frente al frío y el calor, sino que es el ambiente donde una familia florece. El hogar, en gran medida, configura la vida familiar. Es obvio que nadie puede vivir si no tiene un techo, pero también es obvio que, si hablamos de “dignidad”, la vivienda no se reduce a meramente un techo. Una vivienda digna es una vivienda que posibilita la vida familiar, y cualquier política pública que busque soluciones en este ámbito debe considerar este aspecto.
En los años ochenta, el Estado ofreció como solución social a [XXX] número de personas, un proyecto denominado “viviendas sociales de emergencia”. Estas viviendas tuvieron como causa la enorme demanda habitacional que vivió el país en esos años y, a la vez, la fuerte alza de campamentos en el país.
Estas viviendas sociales de emergencia eran pareadas en más de seis unidades, con un promedio de área construida no superior a 40 metros cuadrados. A esta precaria característica hay que sumar las desigualdades estructurales en los estándares de calidad que se construyeron y, por si esto fuese poco, con una clara falta de planificación urbana a largo plazo.
Es evidente que lo anterior obligaba a las familias a una vida de hacinamiento, es decir, a una vida derechamente indigna. Asimismo, las mismas características impedían el acceso de luz natural y adecuada ventilación. Un hogar de esas características no lo merece ninguna persona, y el Estado debe, en su rol de garante del bien común, resolver los problemas que a este respecto han ocasionado en las familias beneficiadas de esta política.
Una política pública que no tiene en cuenta estándares mínimos de dignidad puede generar situaciones indignas, y eso es justamente lo que aquí ocurrió. Es por ello, que se hace urgente establece una política de reparación.
De palabras de la diputada Ximena Ossandón “Se debe ingresar un proyecto de ley que establezca y asegure un subsidio de reparación a todas las familias que hayan vivido o aún vivan en las viviendas sociales de emergencia y pareadas construidas en la década de 1980. Con el fin de permitir tanto la remodelación como la ampliación de sus viviendas o en su defecto, la devolución del monto que el propietario haya invertido para su ampliación y remodelación porque merecen una vivienda digna en la cual vivir”
