La Contraloría General de la República (CGR) emitió este martes un comunicado en que defendió sus facultades para llevar adelante el sumario administrativo en contra de siete generales del Alto Mando Carabineros por su actuación durante el estallido social.

Eso sí, el ente contralor no se refirió al sumario en específico “por tratarse de un procedimiento que fue secreto en su etapa indagatoria, y que hoy es reservado”.

De acuerdo a lo expresado por la CGR, entre el 18 de octubre y 31 de diciembre de 2019 se recibieron 457 denuncias debidamente individualizadas, relativas al actuar de Carabineros, “por lo que se encontraba en el deber legal de actuar frente a tales denuncias”.

Asimismo explicó que “la facultad de la Contraloría General para perseguir responsabilidades administrativas en Carabineros de Chile se funda en el artículo 98 de la Constitución Política de la República, que le encarga el control de legalidad de los actos de la Administración, y en el artículo 133 de la ley N° 10.336, que sostiene que ‘el Contralor o cualquier otro funcionario de la Contraloría, especialmente facultado por aquél, podrá ordenar, cuando lo estime necesario, la instrucción de sumarios administrativos’. Dicha facultad se regula, en específico, en la resolución N° 510, de 2013”.

“El procedimiento sumarial pretende establecer la eventual responsabilidad administrativa de funcionarios públicos ante la infracción de deberes legales y estatutarios y, de corresponder, termina con la aplicación de sanciones fundadas en un racional y justo proceso”, precisó en el comunicado.

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